El discurso de la resiliencia climática como profundizador de desigualdad social.
Eder
hace 5 días
Tiempo de lectura: 4 minutos
Ensayo. Elaborado por Ana Paola Segundo Coto
El discurso de la resiliencia climática como profundizador de desigualdad social
Se sabe que solo 10 países en el mundo aportan el 68 % del total mundial de las emisiones globales de efecto invernadero. América Latina y el Caribe contribuyen con tan solo alrededor del 10 % de las emisiones. Esto no sería relevante de no ser porque el 74 % de los países de nuestra región tienen alta exposición a eventos climáticos extremos y se prevé que estos eventos empujen a al menos 5,9 millones de niños, niñas y jóvenes a la pobreza en América Latina solo para 2030, debido a las repercusiones socioeconómicas de los efectos del cambio climático.
El avance de la crisis climática contemporánea constituye uno de los fenómenos más asimétricos del orden global, ya no solo por la magnitud de sus impactos ambientales, sino por la manera profundamente desigual en que estos se distribuyen y se experimentan entre regiones, estados y poblaciones. Diversos estudios han anunciado que la mayor parte de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero provienen de los países industrializados del Norte Global, particularmente de Europa y América del Norte, mientras que los países del Sur Global, responsables de una fracción mucho menor de dichas emisiones, enfrentan de manera desproporcionada los efectos más severos del cambio climático (IPCC, 2022). Esta asimetría se conceptualiza en la literatura como una forma de injusticia climática estructural, pues los costos ambientales, sociales y económicos del desarrollo capitalista global se externalizan hacia regiones históricamente subordinadas (Hornborg, 2011).
América Latina es particularmente importante en esta dinámica desigual. A pesar de su contribución relativamente baja a las emisiones globales acumuladas, nuestra región se caracteriza por una alta exposición a riesgos climáticos, debido a la ubicación geográfica, la fragilidad de muchos de sus ecosistemas y la persistencia de profundas desigualdades sociales, económicas y territoriales (CEPAL, 2022). Fenómenos como huracanes, sequías prolongadas, inundaciones, incendios forestales y alteraciones en los ciclos hidrológicos afectan de manera recurrente a poblaciones que ya enfrentan condiciones estructurales de precariedad, informalidad laboral, inseguridad alimentaria y acceso limitado a servicios básicos. Así, los estragos del cambio climático, producidos por el Norte global, actúan como un multiplicador de vulnerabilidades preexistentes (Oxfam, 2020).
Esto se rastrea directamente a modelos de desarrollo extractivistas, dependientes y orientados a la exportación de recursos naturales. La expansión de actividades como la minería a gran escala, el agronegocio, la deforestación y la explotación intensiva de bienes comunes ha generado procesos de degradación ambiental que interactúan con estructuras sociales desiguales, afectando de manera particular a comunidades rurales, pueblos indígenas y sectores urbanos precarizados (Gudynas, 2015). De este modo, la crisis climática en América Latina se entrelaza con relaciones de poder históricas que articulan economía, política y ecología.
En el plano internacional, sí bien instrumentos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París reconocen formalmente la desigual distribución de responsabilidades históricas en materia de cambio climático, en la práctica las respuestas políticas han privilegiado enfoques tecnocráticos centrados en la gestión del riesgo, la adaptación y la eficiencia, antes que en transformaciones estructurales de los modelos productivos y de consumo dominantes (UNFCCC, 2021).
Es en este contexto que emerge la Agenda Climática Internacional, que representa los marcos normativos, los instrumentos financieros, los indicadores técnicos y los discursos que orientan la acción estatal y multilateral frente al cambio climático. Es sobretodo preciso puntualizar la relación entre la Agenda Climática Internacional y los discursos que orientan la acción, pues el discurso de la resiliencia climática es eje central de esta crítica.
Dentro de estos marcos institucionales e internacionales, el concepto de resiliencia climática ha adquirido gran presencia, pues se posiciona como una categoría clave para pensar la adaptación, la gestión del riesgo y la recuperación frente a eventos climáticos extremos, y de esta forma alcanzar la justicia climática y la redistribución de riesgo. Sin embargo, el significado y los efectos políticos de la resiliencia climática no pueden comprenderse sin percatarse del contexto global de desigualdad en el que estamos inscritos. En regiones como América Latina, la resiliencia climática emerge en territorios atravesados por desigualdades históricas de poder, acceso limitado a recursos y casi nula capacidad de incidencia política. Preciso esta condición estructural, pues me parece fundamental para analizar críticamente los usos del discurso de la resiliencia climática y sus implicaciones en la profundización de desigualdades sociales.
La tesis de este ensayo nace al percatarse del uso masivo del término “resiliencia” en los discursos e instrumentos técnicos, pues me parece que tiene consecuencias conceptuales y prácticas que ameritan indagación. Cuando una categoría diseñada inicialmente para analizar sistemas psicológicos se transforma en una metáfora socialde gestión, puede reconfigurar los órdenes de responsabilidad estructural y priorización en las políticas públicas. Esta reconfiguración desplaza la atención desde las causas estructurales del cambio climático (como el capitalismo o los modelos extractivistas) hacia el entrenamiento de las capacidades individuales y comunitarias para “absorber” y “recuperarse” ante eventos asociados al cambio climático (Neocleous, 2013). De ahí que la emergencia de la resiliencia en la agenda climática actual no sea meramente semántica, sino un proceso político que moldea recursos, financiamientos y agendas de intervención, es decir, el discurso de la resiliencia climática guía la manera en que se entiende la crisis y la enfrenta mediante soluciones orientadas hacia la capacidad de las personas y comunidades para adaptarse; esto sociológicamente significa que el discurso de la resiliencia climática define quién debe aprender a ‘aguantar’ los efectos del cambio climático, cómo debe hacerlo y con qué recursos. De esta forma, este discurso puede legitimar formas de gestión que no cuestionan e incluso reproducen las causas profundas del daño ambiental y social (Rose, 2006).
La literatura crítica, desde la psicología, la sociología y las ciencias políticas, han identificado en el discurso de la resiliencia una pluralidad de riesgos; se habla de que: la normalización de la precariedad como condición a “gestionar” convierte a los sujetos en “actores resilientes” responsables de su propia continuidad y legítima arreglos económicopolíticos que maquillan los estragos generados por el capitalismo (Chandler & Reid, 2014). Autores como Mark Neocleous sostienen que la resiliencia, tal como se despliega en políticas contemporáneas, funciona como mecanismo que absorbe la crítica social y neutraliza formas de resistencia, al condicionar la política a la gestión y priorizar la recuperación antes que la transformación sistémica. A su vez, el cuerpo teórico de la governmentality (Rose, 2006) ayuda a comprender cómo tecnologías de gobernanza, como programas de capacitación o métricas de resiliencia, producen sujetos que internalizan normas neoliberales de auto-responsabilidad y autooptimización, contribuyendo así a un encuadre de la adaptación centrado en el individuo y la comunidad como gestores primarios de su propia seguridad.
Estos desarrollos teóricos convergen en la afirmación de que la resiliencia, en tanto discurso y dispositivo, puede ser leído como una forma contemporánea de biopoder -según la lectura de Foucault-, es decir, una técnica de gobierno que a partir de saberes técnicos, políticas y prácticas institucionales, administra poblaciones poniendo el énfasis en la regulación de la vida cotidiana, la normalización de conductas y la producción de sujetos adaptativos. Desde la perspectiva foucaultiana, el biopoder opera mediante la articulación de saberes y prácticas que gestionan la vida y que diseminan una nueva racionalidad; en contextos de crisis climática, la resiliencia constituye precisamente los saberes que prescriben cómo vivir con el riesgo, quién debe asumirlo y en qué términos (Foucault, 2004). La consecuencia política de que la gestión del riesgo se deposite predominantemente sobre poblaciones “capacitando” su resiliencia, es que el Estado y otros actores de poder pueden reconfigurar sus responsabilidades con la ciudadanía, y entonces, las relaciones quedan reordenadas bajo lógicas de autogestión y eficiencia propia (Rose, 2006).
En la literatura de políticas climáticas públicas, la resiliencia se define como la “capacidad de un sistema, comunidad o individuo para anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de eventos asociados al cambio climático en términos de escala, tiempo y magnitud” (IPCC, 2022). En la práctica de políticas públicas, esta variable se ha medido mediante indicadores compuestos y métricas tales como índices de vulnerabilidad y capacidad adaptativa (ND-GAIN), indicadores de acceso a servicios básicos, número de medidas de infraestructura adaptativa implementadas y presencia de planes de contingencia municipales (World Bank, 2020). No obstante, en esta definición la resiliencia es promovida como un objetivo operativo, medible y alcanzable mediante intervenciones específicas como los planes de contingencia o la capacitación. El punto crítico es que la conversión de resiliencia en política pública a menudo incorpora supuestos sobre la agencia individual y comunitaria que omiten las brechas estructurales de recursos, poder y acceso a la toma de decisiones; así, en la práctica, la resiliencia se traduce con frecuencia en programas gubernamentales que esperan que comunidades ya precarizadas desarrollen estrategias paraadaptarse a la crisis climática con recursos limitados, mientras permanecen intactas las estructuras económicas y políticas que concentran los beneficios y trasladan los costos de la crisis a quienes menos capacidad tienen para afrontarla. Por eso, la tesis fundamental de este ensayo sostiene que el discurso de la resiliencia climática profundiza la desigualdad social, pues promueve dinámicas de responsabilidad desigual.
En este debate académico existen al menos tres lecturas críticas sobre la resiliencia que resultan centrales para este ensayo: 1) la resiliencia como dispositivo neoliberal que individualiza la responsabilidad y externaliza la gestión del riesgo al ámbito comunitario e individual (Neocleous, 2013); 2) la resiliencia como cooptación legitimadora del capitalismo extractivista, que utiliza la retórica de adaptación para sostener modelos productivos no sostenibles mediante la promesa de capacidad de recuperación y continuidad económica (Chandler & Reid, 2014); y 3) la resiliencia como tecnología psicosocial de normalización que moldea subjetividades compatibles con la gobernanza neoliberal (Rose, 2006). Estas tres aproximaciones son críticas complementarias que permiten explicar por qué la implementación de programas de resiliencia climática no producen consecuentemente justicia climática o redistribución de riesgo; más bien, en la mayor parte de las condiciones para el mapa latinoamericano, puede profundizar desigualdades (Fresneda, 2023). En la práctica, esto significa que programas y métricas centrados en “capacitar” comunidades o individuos para soportar catástrofes climáticas, tienden a naturalizar la precariedad y a normalizar la expectativa de que los sujetos se adapten por sí mismos a condiciones adversas (World Bank, 2021).
Esto encamina a dos conclusiones centrales.
En primer lugar, es claro que las políticas de resiliencia climática tienen cierto grado de eficacia, sin embargo esta es meramente técnica; se reducen daños, se disminuye la mortalidad y generan condiciones para continuar la vida cotidiana post-desastre. Sin embargo, esa eficacia técnica no elimina las desigualdades preexistentes, solo se superpone a ellas. Y esto resulta preocupante porque, en segundo lugar, la resiliencia climática se ha institucionalizado como una estrategia de gobernanza de la vida y de los cuerpos. Al intervenir en las condiciones de supervivencia, en la capacidad de recuperación económica y en la distribución de apoyos, el Estado regula de manera diferencial el valor de las vidas. No se trata de una política abiertamente excluyente ni abiertamente discriminatoria; su carácter biopolítico reside precisamente en su aparente neutralidad. Bajo el discurso de la adaptación y la gestión del riesgo, se naturalizan desigualdades que son producto de decisiones históricas y políticas. La resiliencia, entonces, tiene una función de maquillaje, se vuelve un mecanismo que garantiza estabilidad social sin transformar las condiciones desiguales sobre las que descansa.
A forma de reflexión, este ensayo evidencía que la resiliencia no debe analizarse únicamente como una capacidad o como una política técnica, sino como una forma de poder que estructura el modo en que las sociedades distribuyen protección, asistencia y posibilidades de vida, pues sus políticas de respuesta administran y jerarquizan el sufrimiento. No podemos pensar ninguna categoría de resiliencia fuera de las relaciones de poder que organizan la sociedad. Analizar la resiliencia desde el biopoder visibiliza que la protección gubernamental no es neutral y que la supervivencia es una categoría política. Reconocer esto es el primer paso para construir políticas que no sólo administren la vida, sino que la transformen.
Esto sugiere que las políticas de resiliencia climática no bastan con mejorar infraestructuras, ampliar programas de ayuda o incorporar cuotas de género. Se necesitan transformaciones estructurales que eduquen y cuestionen los orígenes capitalistas del cambio climático, que reduzcan la exposición diferenciada al riesgo, y fortalezcan la autonomía de producción de cada territorio.
